viernes, 20 de mayo de 2011

Por: Camila Botero Cardozo y Camilo Castañeda Arboleda



A mediados del mes de marzo del presente año el presidente Juan Manuel Santos Calderón divulgó ante la opinión pública el proyecto que plantea reformar la ley 30 de 1992 (ley que rige la educación superior en Colombia). El principal aspecto que resaltó fue el hecho de que todas las instituciones de educación superior podrían ser con ánimo de lucro.


Presentación del proyecto que busca reformar la ley 30
A raíz de este anuncio surgieron grandes dudas frente al carácter público de la educación dentro de la comunidad educativa y de la sociedad en general quienes se han movilizado con el argumento de que esta reforma busca la privatización de la educación y esto conllevaría a un problema no solo estudiantil sino familiar y por lo tanto nacional.

Otra de las propuestas por parte del gobierno para esta nueva reforma es el aumento de los créditos para el acceso y permanencia a la educación superior, dichos créditos se entregan a los demandantes del servicio, es decir a personas particulares. En el ABC del proyecto de reforma a la educación superior en Colombia escrito por el Ministerio de Educación dice:
“En cuanto a los proyectos de financiamiento a la demanda están aquellos diseñados para garantizar el ingreso de los egresados de la educación media y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Las dos estrategias fundamentales son el crédito educativo ofrecido por el Icetex, en sus diferentes modalidades, y el otorgamiento de subsidios de sostenimiento para la permanencia de los estudiantes en el sistema. La propuesta plantea incrementar los recursos públicos para crédito educativo y sostenimiento en $774.000 millones, incrementados por los recursos del sector privado a través de los mecanismos ya expuestos”.
Frente a este tema el profesor Jorge Aristizábal secretario de la Asociación de profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea) argumenta que “Los análisis a nivel incluso de Estados unidos, Brasil y Chile muestran que cerca del 70 al 80 % de los estudiantes de universidades privadas con ánimo de lucro terminan desertando de la universidad”.
Para sintetizar el tema de los créditos y ponerlo en cifras, el Ministerio de educación plantea que para las instituciones habrá un presupuesto de  $410.000 millones, mientras que para los créditos y subsidios se entregará la suma de  $774.000  millones.
El tema de los créditos es una preocupación de familias enteras.
Actualmente existen los créditos educativos para estudiantes, además de esto, los estudiantes que viven en Medellín tienen acceso al programa “Fondo EPM” el cual funciona como un préstamo educativo para el acceso a la educación superior. El 80% de  dicho préstamo puede ser pagado sosteniendo un buen promedio y con horas de trabajo.


Santiago no solo se preocupa por la afección económica que produciría esta reforma, además, le inquieta el hecho de que dentro de la reforma se le da prelación a las carreras técnicas y tecnológicas que, para él, son las que le dan ganancias económicas a los futuros inversionistas de las universidades.


Otro punto que ha generado controversia es la calidad de la educación que se imparte en las instituciones y cómo esta se verá afectada por la reforma.
“Es promesa del Presidente Juan Manuel Santos crear todas las condiciones para que todos nuestros jóvenes tengan la oportunidad de educarse y de educarse bien y con altos estándares de calidad. Calidad que hoy demanda la sociedad en su búsqueda de mayor equidad, bienestar y desarrollo. Y con esta reforma, desde el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la ministra María Fernanda Campo, estamos respondiendo a esa demanda”

En contraposición a este objetivo del gobierno, está la  investigación “Apartheid educativo en Bogotá” de Mauricio García Villegas, doctor en Ciencia Política,  que considera que:
“…el sistema educativo evalúa el desempeño escolar sobre la base de parámetros para los cuales los hijos de la clase alta están mejor preparados. El sistema está diseñado de tal modo que los estudiantes con mayor capital social (posición social, conexiones, apariencia personal, habilidades de lenguaje) tienen éxito más fácilmente que los estudiantes pertenecientes a las clases menos favorecidas…”






A lo largo de los años los estudiantes universitarios se han beneficiado de la figura “Bienestar Universitario”, departamento en el cual se incluyen entre sus servicios: restaurante universitario, subsidio de transporte, apoyo a deportistas destacados, atención médica y psicológica, buses y fondos para actividades académicas etc. La actual ley 30 exige que el 2% del presupuesto que el estado destina a las universidades sea invertido en este departamento.
Deliana, que además es profesora de cátedra en la Universidad Tecnológica de Pereira, afirma que “los estudiantes especialmente de estratos 1,2 y 3 aprovechan Bienestar Universitario para ayudar a que en sus casas la carga económica no sea tan pesada”. Y se pregunta “¿Con qué recursos viajaría un estudiante de escasos recursos a un seminario en Bogotá?”


Este proyecto de ley llegará al Congreso a mediados del próximo semestre, sin embargo desde su anuncio varios sectores de la sociedad han expresado su inconformidad en foros, mesas abiertas, seminarios y todo tipo de espacios académicos. El más claro ejemplo de esta inconformidad fue la marcha nacional realizada el 7 de abril por la defensa de la educación y la salud pública.




Es sabido que la educación es una parte importante en la construcción de la sociedad y que esta al ser un derecho no puede excluir a nadie, en Colombia que es un país donde la mayoría de su población es de estratos bajos se necesita un modelo de educación superior garante de equidad, calidad y que permita el avance familiar y por lo tanto social.